Al Gobierno de Mariano Rajoy se le puede acusar de muchas
cosas pero no de privarnos de emociones fuertes. Cada día, tenemos una ración
de sorpresa y cierto estupor: recortes anunciados en notas de prensa, ministros
llevándose la contraria, dudas sobre el modelo de estado… Con todo, hay dos decisiones
que me han sorprendido especialmente en los últimos días: la reforma del Código
Penal, de la que hay mucho que hablar, y la limitación del pago de facturas en
efectivo a 2500 euros.
Empezando por lo segundo, supongo que la medida pretende
sacar a flote parte de la economía sumergida, pero por más que le doy vueltas
no acabo de entender cómo: en primer lugar, ¿quién va a controlar que el pago
en efectivo sea de 2500 euros y no de 2550? Quiero decir, ¿va a haber un
inspector por cada autónomo investigando cada factura y comprobando que a
partir de la cantidad mágica el pago se haya hecho por transferencia bancaria?
¿Qué me impide facturar 2500 y cobrar otros 500 “en negro”, como, desgraciadamente,
se ha hecho siempre? No parece una solución milagrosa, pero seguramente algo se
me escapa.
Además, hay algo bastante dudoso: imaginemos que yo no tengo
mi dinero en un banco. De acuerdo, eso me convierte en un excéntrico, pero no
en un delincuente. Supongamos que yo quiero tener mi dinero conmigo y
controlarlo continuamente. En ese caso, si hago un trabajo por valor superior a
2500 euros –que ya me gustaría, por otro lado- mi jefe no me puede hacer una
transferencia. Sí, me puede dar un cheque y que yo lo cobre, pero, ¿y si mi
jefe también es un excéntrico y tampoco guarda su dinero en un banco? Nada le
obliga a ello, o al menos yo no tengo nada claro que el Estado deba obligar a
sus ciudadanos a tener su dinero en los bancos. Obligar, digo. En ese caso, y ya
puestos, que nos digan al menos en cuáles antes de que quiebren.
Pero esto no es nada comparado con la controvertida reforma
del Código Penal. Hay dos decisiones muy discutibles, que son las que han
llamado más la atención mediática: la identificación de la resistencia pasiva y
la activa, pudiendo castigar la primera con hasta dos años de prisión, y la
prohibición de convocar a manifestaciones violentas por Internet, lo que pasará
a ser un delito de integración en organización criminal. El ministro de
Interior -¿y por qué no el de Justicia?- ha salido a matizar que esto no
incluye “manifestaciones pacíficas que deriven en enfrentamientos violentos”, lo
cual es tremendamente confuso: nadie va a convocar una manifestación para
quemar contenedores y romper cristales de comercios. En la vida real, eso es lo
que sucede cuando delincuentes organizados irrumpen en manifestaciones
perfectamente legales.
En ese caso, ¿qué es lo que se pretende castigar? Sinceramente,
no lo entiendo. Todo suena demasiado a 15-M y Twitter como para obviarlo… Pero
el 15-M era en esencia un movimiento pacífico. Puede que no fuera legal en su
desarrollo, pero “pacífico” en su planteamiento, sí. ¿Hubo altercados? Claro,
pero no más que cuando el Madrid o el Barça ganan una liga y no vamos a
arrestar a todos sus socios. Si además la resistencia pasiva es de por sí un
delito, entonces tenemos un buen follón: yo me hago eco de una protesta
organizada y difundo la convocatoria por Internet, sin ninguna intención
violenta, ni mucho menos, simplemente amparado por el derecho de reunión. Una
vez allí, aparece la policía y me pide que no me queje tanto y me vaya a casa.
Me niego y me limito a quedarme quieto, sin abrir la boca. En ese momento ya me
pueden meter en la cárcel y acusar de un delito de resistencia a la autoridad
cuando en realidad no estoy haciendo nada. Lo mismo me sale quedarme quieto que
coger un palo y atizarle al policía, ¿no es absurdo?
Mantener el orden público es muy importante, importantísimo.
Quizá no a base de pelotas de goma contra las cabezas, porque para eso tenemos
cuerpos de seguridad preparados y entrenados. Lo que no se puede hacer es
amedrentar al que protesta o dar la sensación de que cualquiera que salga a la
calle a manifestarse puede acabar dos años en la cárcel aunque él no haya hecho
nada punitivo. Es un concepto del orden que se acerca más al de China o Cuba
que al europeo. Si hay delincuentes, que se les detenga. Si hay ciudadanos
protestando, que se les deje protestar, porque, si la resistencia pasiva se
equipara a la activa, la sensación es que lo mismo da levantar la manitas en el
aire que tirar un cóctel molotov. O que lo mismo era Sol que Atenas… y no, lo
mismo, no era, y, créanme que no queremos comprobarlo.
Artículo publicado originalmente en el periódico El Imparcial dentro de la sección "La zona sucia"
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